La Generalitat compró por 18,4 millones de euros hace poco más de un año un edificio de 20 alturas en el barrio de la Torre de Valencia. Los inquilinos de las 124 viviendas de alquiler social corrían el riesgo de ser desalojados por el propietario, el Grupo Ática, al cumplirse el plazo de 10 años del acuerdo de construcción en suelo público con la anterior administración autonómica del PP, en virtud del cual se ofrecía la opción a los vecinos de comprar su viviendas para continuar en ellas, pero a precio de mercado. Si no, podían ser desalojados. En la práctica, la gran mayoría de vecinos, que paga una mensualidad que oscila entre los 400 y los 600 euros, no podía hacer frente a esa adquisición. Los inquilinos batallaron y finalmente la Generalitat, aún gobernada por la izquierda (PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem), llegó a un acuerdo con Ática y se quedó el edificio. Los vecinos continuaron en sus casas, si bien tienen que abonar el alquiler a la Entidad Valenciana d’Habitatge (Evha) de la administración autonómica.
