Los hechos ocurrieron entre finales de 2019 y noviembre de 2022, al menos en tres ocasiones. En todas ellas, una médico forense del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, encargada de evaluar y realizar un examen físico detallado para buscar signos de agresión sexual en mujeres denunciantes, hizo prácticamente lo contrario con las víctimas a las que tuvo que atender: les recriminó la forma en la que iban vestidas, o cómo se habían comportado con su supuesto agresor, dándoles a entender que la culpa de lo que les había sucedido era exclusivamente de ellas y que si denunciaban podrían arruinarle la vida al presunto responsable. Todo ello en los momentos de mayor vulnerabilidad de sus pacientes, cuando acababan de acudir al hospital en plena conmoción por la violencia forzada a la que acababan de ser sometidas, hasta el punto de que algunas desistieron de denunciar los hechos al sentirse cuestionadas y señaladas.
