Hace poco más de un año, la mayoría de las apuestas políticas y periodísticas apuntaban que sería completamente imposible que Junts apoyara la investidura de Pedro Sánchez. Después de que, en septiembre de 2023, Carles Puigdemont marcara sus exigencias para esa investidura, que incluían entonces tener la ley de amnistía aprobada antes incluso de la votación de Sánchez, en el panorama político español se instaló la idea de que esa negociación era absolutamente inviable. Sin embargo, los que la estaban protagonizando con reuniones discretas en Suiza y varias videoconferencias insistían: no va a ser fácil, pero nadie negocia al nivel que lo estamos haciendo, con papeles y mucho detalle, si no contempla al menos la posibilidad de llegar a un acuerdo. Este lunes, cuando Puigdemont ha salido en un tono muy duro, exigiendo al Gobierno que se someta a una cuestión de confianza, algunos en el Gobierno han recordado ese momento.
