El Gobierno valenciano, entonces de PP y Vox, inició al poco de llegar a la Generalitat en 2023 una contrarreforma legislativa para flexibilizar una serie de normas en vigor, aprobadas desde 2015 por el anterior ejecutivo del Botànic (PSPV, Compromís y Unidas Podemos) que ordenaban y protegían el territorio valenciano. Y la primera ellas, la ley de Simplificación Administrativa, entró en vigor ayer martes. La ley, un cajón de sastre que afecta a multitud de materias, no solo a la urbanística, puede afectar a la prohibición de construir en la costa en 1.137 hectáreas de suelo no urbanizable e inundables. De momento, la norma de simplificación administrativa permite el uso terciario —por ejemplo, la construcción de hoteles― a solo 200 metros de la línea de costa, cuando antes el mínimo eran 500. Además, deriva a los ayuntamientos la competencia para dar licencias en suelo no urbanizable en áreas inundables, una facultad que antes dependía de la Generalitat.
