El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla comienza diciembre en la cima del peor escándalo de corrupción del gobierno de Gustavo Petro, el de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), y con todos los pendientes juntos. No solo debe sacar adelante la reforma tributaria o ley de financiamiento en la que se ha empeñado el presidente para evitar una cesación de pagos, tiene por delante la negociación del salario mínimo junto a su colega de Trabajo, sino que debe resolver también los problemas de financiamiento del Icetex que tienen en vilo a 200.000 estudiantes, así como la evidente crisis financiera de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS). Quizá por eso, a pesar de que su situación jurídica se complica, el mandatario lo ha defendido a capa y espada.
