Los tres últimos interventores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla por prevaricación en relación a los contratos de emergencia suscritos con empresas privadas entre 2020 y 2024, pero el Gobierno andaluz mantiene que “hizo lo que tenía que hacer”, avalado por informes jurídicos, para dar repuesta “a la situación de crisis sanitaria originada por el covid”, que provocó la muerte de más de 15.000 personas en Andalucía. Esa ha sido la respuesta que la consejera de Salud, Rocío Hernández, ha dado este miércoles en el pleno del Parlamento andaluz en una comparecencia en la que le han llovido las críticas de la oposición que considera que hay un caso de corrupción.
