Si un enemigo hubiera diseñado el punto de partida en el camino hacia las elecciones del 21 de diciembre de Miguel Ángel Gallardo, difícilmente le habría puesto las cosas más difíciles. Procesado —él defiende su inocencia— por su papel como presidente de la Diputación de Badajoz en las supuestas irregularidades en la contratación del hermano de Pedro Sánchez, acusado —él lo niega— de haberse convertido en diputado en la Asamblea regional en mayo pasado para estar aforado, el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Extremadura se encuentra con que una de las noticias que copan las portadas en el primer domingo de la campaña del 21-D es la gestión de su partido del caso Salazar, que afecta a su credibilidad sobre todo ante el electorado femenino, clave para los socialistas. Así que no parece haber golpe de viento que favorezca las aspiraciones de Gallardo, al que las encuestas le pronostican el peor resultado histórico de los socialistas en la comunidad.
