El concurso de licitación del convenio de Muface para el periodo 2025/26 ha quedado desierto tras la negativa de las aseguradoras Asisa, Adeslas y DKV a seguir asumiendo la mutualidad. Aproximadamente 1,5 millones de funcionarios y familiares se benefician del servicio que amenaza con acabar.
El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García (Sumar), publicó un informe en el que se asegura que el trasvase de estos mutualistas a la asistencia sanitaria pública es una «opción tanto viable como razonable». Pese a ello, el Ministerio encargado de la negociación, el de Función Pública (dirigido por Óscar López, del PSOE) trabaja con la intención de evitar la desaparición de Muface, abriendo un nuevo proceso de licitación.
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Aumento insuficiente para las aseguradoras
El Gobierno propuso a las aseguradoras un aumento del 17% en la cuantía de la licitación con tal de que continuaran haciéndose cargo del servicio. Un aumento que consideraron insuficiente, pues inicialmente pedían un 38%. El envejecimiento de la población protegida por Muface y el alza de costes son las razones que han llevado a Asisa, Adeslas y DKV a no querer continuar ofreciendo el servicio que, explican, les reporta unas pérdidas anuales de unos 200 millones de euros.
Con tal de evitar el cese del servicio, el Ejecutivo abrió este miércoles un proceso de consultas preliminares de mercado. Las aseguradoras que lo deseen podrán hacer una propuesta no vinculante y justificada en la que expliquen a qué precio estarían dispuestas a asumir Muface.
Las aseguradoras interesadas tendrán 10 días para presentar sus propuestas para que la mutualidad pueda seguir adelante.
Margen de tiempo hasta el año que viene
Las compañías que tengan intención de presentarse a la nueva licitación en este proceso de consultas deben definir las primas que cobrarían por tramos de edad y presentar las justificaciones que sean necesarias. Una vez cerrado el plazo de 10 días, Muface – como licitadora – publicará un informe de valoración con las principales conclusiones para que el Gobierno decida las condiciones que debe tener la licitación.
Después, el acuerdo se llevará al Consejo de Ministros para su aprobación.
Aunque el convenio actual termina el 31 de enero, el Gobierno puede prorrogar el acuerdo actual nueve meses más, con lo que no hay plazos definidos para aprobar la nueva licitación y hay margen hasta finales de octubre de 2025 para acordar las condiciones y negociar el contrato público bajo los principios de transparencia, eficiencia del gasto público y equidad.
