Tres semanas después de la masiva manifestación que pidió en Barcelona una bajada del precio de los alquileres y que apuntaba a la convocatoria de una huelga de alquileres, el Sindicato de Inquilinas ha presentado este miércoles el caso de los dos primeros edificios de Cataluña que recurrirán a esta fórmula para mejorar la situación de sus inquilinos. Son dos inmuebles de Salou (Tarragona) y Sentmenat (Barcelona) que en origen eran de protección, promovidos por la obra social de La Caixa y ahora gestionados por InmoCriteria, a quienes los inquilinos llevaron a los tribunales por supuestas cláusulas abusivas en sus contratos. En el caso de Salou, el edificio acaba de ser comprado por la Generalitat. Los vecinos han comenzado o se disponen a protagonizar en marzo huelgas que consisten en dejar de pagar el alquiler a la propiedad, pero lo ingresarán en una cuenta común. El objetivo es presionar para mejorar sus condiciones.
