Yoon Suk-yeol, el presidente de Corea del Sur cesado por el Parlamento el pasado diciembre, continúa obstaculizando el trabajo de las autoridades que lo detuvieron el miércoles por la mañana en la residencia presidencial, mientras un tribunal evalúa la legalidad de dicho arresto. La Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios (OICAF) intenta sustentar su acusación contra el hombre que el 3 de diciembre promulgó durante seis horas la ley marcial en el país, desatando la mayor crisis institucional en décadas. Tras pasar la noche en un centro de detención cercano a Seúl, el líder conservador, de 64 años, se ha negado a cooperar en la segunda jornada de interrogatorios, alegando problemas de salud, según ha comunicado la OICAF.
