El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, cree que la exmilitante del PSOE Leire Díez y el exdirector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero formaron una estructura para el cobro de comisiones presuntamente ilegales entre 2021 y 2023, y para ello contaron con la ayuda de “diversos cargos públicos”. En total, la investigación ahonda en cinco operaciones que suman 132,9 millones de euros. Las comisiones se canalizaron, supuestamente, a través de una empresa llamada Mediaciones Martínez S.L. y se calculan que cobraron 750.614 euros por labores de intermediación.
